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Cansados de seguir pagando “vacuna” a los delincuentes, más de 300 comerciantes y habitantes de San Casimiro, estado Aragua, alzaron su voz de protesta pacífica y decidieron no abrir sus santamarías, hasta que las autoridades competentes bajen los índices delictivos en la zona y tomen los correctivos necesarios para brindarles mayor seguridad a todos.
Un contingente de la GNB se hizo presente para iniciar los operativos
La gota que derramó el vaso de agua e hizo que los habitantes de San Casimiro salieran a la calle a manifestar pero sin trancar la vialidad, es que en días pasados un comerciante fue agredido por no pagarle a un grupo delincuencial.
“Ya no les tenemos miedo a estos delincuentes, por eso estamos todos unidos para no seguir pagándoles porque ya nos cansamos de esta situación, por eso hasta que no existan correctivos a este grave problema, nosotros seguiremos con los locales cerrados”, apuntaron los comerciantes.
Debido a esta situación, se hicieron presentes en el lugar representantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Aragua, además de el alcalde Carlos Granadillo, quien reconoció ante los afectados las fallas que se han venido presentando en cuanto a implementar más operativos de seguridad en el municipio.
Sergio Boada, uno de los afectados
El señor Sergio Boada, es uno de los comerciantes que se sumó a esta manifestación y en su palabra indicó que le están dando nuevamente un voto de confianza a las autoridades ya que según expresó, los habitantes del municipio siempre han colaborado con ellos. “Nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo y denunciamos pero a las horas sueltan a los delincuentes pese a las pruebas que podamos entregar”.
Dijo que debido a estas acciones en las que todos se han unido, se deben tomar decisiones responsables y esperan que esto sea un comienzo para bajar los índices delictivos en la jurisdicción porque este no es un problema político, si no social, además que están apegados a lo que reza la Constitución, “porque ésta nos avala el derecho a reunirnos siempre y cuando no entorpezcamos el libre transito”.
Autoridades escucharon las denuncias del pueblo
Entre las peticiones que les hicieran los agraviados a las autoridades presentes es que busquen mecanismos para incrementar el número de funcionarios policiales en la zona y no sólo cuando asesinan a un policía que es cuando hacen operativos en dicho municipio ubicado al sur de Aragua.
Gran cantidad de personas se sumaron a la protesta pacífica
Otra de las solicitudes que hicieran los manifestantes es que el Ministerio Público cambie el fiscal asignado para la jurisdicción porque a su juicio, este no está haciendo el trabajo como debe ser, “no es posible que agarren a un delincuente en flagrancia y a las 48 horas ya están libres y amenazándonos a todos, situación esta que se les ha escapado a los cuerpos de seguridad”, dijeron.
ASUMIENDO RESPONZABILIDADES En este sentido, el alcalde Carlos Granadillo, apuntó que en esta protesta pacífica que realizaran los pobladores y comerciantes es por el problema de inseguridad que hay en el municipio, “por el pago de vacuna que se ha incrementado desde el mes de diciembre del año pasado, en los cuales han sido amenazados y lastimosamente muchos han caído en estos chantajes, lo que ha permitido que estos delincuentes tengan dinero para comprar más armas y municiones”.
El problema es que las brigadas especiales sólo acuden al municipio en ocasiones y no son constantes, “además a este problema se le suma que algunos funcionarios policiales andan fuera de la Ley y por eso es el temor de mucha gente”.
Apuntó el burgomaestre que están adecuando un espacio en San Casimiro para que la GNB tenga un comando en la zona y así exista la presencia de ellos todos los días y no sólo en ocasiones.
“Es un problema de inseguridad a la cual no escapa nuestro municipio, aunado a que nosotros no contamos con una policía municipal porque no tenemos presupuesto pero igual aquí estamos dando la cara y asumiendo la responsabilidad que se deba asumir”, finalizó.
Luego de que las autoridades del Cicpc, región Aragua, desenterraran el cadáver del productor agrícola Jaime Carrera Cortegoso, de 68 años de edad, un ciudadano originario de Galicia, España, y nacionalizado venezolano y de sus dos empleados, Yorman Acosta y Ángel María Seijas en una zona montañosa, a unas dos horas de camino del sector Guamacho en la población de San Casimiro, sus dolientes ofrecieron escuetas declaraciones a los periodistas sobre el asunto.
Los parientes del español afirmaron que “la familia está destruida de dolor por su muerte y hasta hace unas horas nos resistíamos a creer el fatal desenlace del secuestro”.
Dichas afirmaciones las ofrecieron desde Galicia a los periodistas del diario Faro De Vigo, mientras que otras personas en Maracay, educadamente manifestaron que los “perdonaran” pero que no dirían nada a los reporteros pare evitar posibles represalias de los secuestradores que aún siguen prófugos de la justicia.
Se informó que en algunos sectores de Galicia, donde el ciudadano era muy apreciado, se mostraron consternados ante lo ocurrido, e igualmente sucedió en San Casimiro.
Carrera era dueño de una granja avícola en San Sebastián de los Reyes, sitio de donde se lo llevaron los secuestradores la mañana del 3 de junio junto a sus dos empleados y estaban exigiendo el pago de 5 millones de bolívares por su liberación.
Los parientes concretaron un pago de 4.5 millones de bolívares (632.000 euros), a cambio de su libertad, pero los “malvivientes” incumplieron. Cinco días después el asunto se denunció en el Cicpc. Para esa fecha de la querella, el ciudadano y sus empleados ya estaban muertos.
Tras la captura de “Ángel”, éste confesó su participación en el suceso, asegurando a los investigadores del comisario general Luis Ollarves que los tres hombres ya estaban muertos y sabía donde estaban enterrados, así como la guarida de los plagiarios.
Con el apoyo de 250 funcionarios del Cicpc y de la Brigada de Acciones Especiales de Caracas, se produjo una toma a las 4:00 de la madrugada del pasado jueves, suscitándose en el sector Guamacho un enfrentamiento con la banda “Los Funes”, liderada por Johan Funes.
Durante el dispositivo, los funcionarios aprehendieron a las mujeres de los sujetos muertos en la refriega. Una de ellas responde al nombre de Bárbara Rodríguez. También fue detenido Ángel Pereira Bernal.
IDENTIFICADOS LOS SECUESTRADORES
Durante el operativo fueron abatidos Elio Eduardo Parra, alias “El Pastor”, José Luis Goitía Chávez, reconocido con el remoquete de “El Niño” y Alexis José Guardia Burgos, “El Sander”, segundo al mando de la organización criminal.
Los individuos aparecían mencionados en una ola de secuestros, cobro de vacuna, abigeato, asaltos a unidades de transporte público y otros hechos delictivos. La banda es liderada por Johan Funes, quien anda huyendo y quien recibió el pago de los 4.5 millones de bolívares.
BUSCAN AL LIDER
Se informó que por instrucciones del comisario general Luis Ollarves, director regional del Cicpc, se asignó a un grupo de investigadores de la Policía Científica a buscar “hasta debajo de las piedras” al cabecilla principal de la organización.
La responsabilidad, según fuentes de todo crédito, recayó en el inspector Gilbert Cruz, jefe de Investigaciones de Homicidios. Los mejores hombres y mujeres andan tras la captura del peligroso delincuente.
Se comentó que Johan Funes está involucrado directamente en una cadena de homicidios en los municipios San Sebastián de los Reyes, San Casimiro y Camatagua. Los sabuesos del Cicpc le calculan al menos 12 muertes por arma de fuego.
El hombre anda armado “hasta los dientes”. Se dijo asimismo que el supervisor agregado Luis Rivero, director del Centro de Coordinación Policial Aragua Sur I, igualmente viene realizando diversos allanamientos tras la cacería del criminal de la entidad.
Les están cobrando una vacuna de 200 mil bolívares por no matar a sus hijos
Los vecinos de San Casimiro exigen a las autoridades mayor presencia policial. CORTESÍA
CARLOS D'HOY| EL UNIVERSAL
jueves 23 de abril de 2015 12:00 AM
Extorsión y atracos se convirtieron en los obstáculos que día a día deben sortear los comerciantes del municipio San Casimiro, estado Aragua, quienes se han visto obligados a esconderse, cerrar sus negocios y mudarse ante la crítica situación de inseguridad por la que atraviesan.
La semana pasada comerciantes, y representantes de la comunidad realizaron un paro cívico, bajaron sus santamarías y suspendieron las clases exigiendo mayor seguridad. En esa oportunidad dieron un plazo de una semana para que se tomaran los correctivos y ,en caso contrario, se realizara una nueva jornada de protestas.
Sergio Boada, director radio La Voz de San Casimiro, FM 92.3, es el vocero del gremio comercial, ante el temor de sus colegas a ser atacados. Boada señaló que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado en el transcurso de la semana.
"Sólo entre domingo y lunes, se produjeron tres robos masivos: Uno en el terminal de pasajeros, donde atracaron a todas las personas que esperaban por transporte, otro en la carretera nacional donde una unidad colectiva fue atracada y en un bar donde asaltaron a los clientes, robos que dejaron más de 60 víctimas".
Comerciantes tras las rejas
Boada señaló que el hecho de haber sido uno de los promotores de la protesta de la semana pasada lo obligó a encerrarse, tras haber sido amenazado, "prácticamente quedé tras las rejas, estoy encerrado, no puedo salir a las calles porque están buscándome".
Pero él no es el único, dijo que otros comerciantes tomaron una decisión similar "ante el riesgo que representa estar en la calle".
200 mil bolívares por la vida
Sergio Boada, agregó que el tema de los robos es crítico, pero más grave es la extorsión, práctica que se ha vuelto una costumbre entre los antisociales.
"Nos tienen sometidos a un régimen de terror, en cualquier momento nos pueden llamar o enviar un mensaje con la foto de nuestros hijos o esposa y decirnos que están vigilados, que tenemos que pagar una cantidad determinada de dinero para que no los secuestren".
Destacó que la situación ha llegado a tal extremo, que dos comerciantes vecinos decidieron bajar definitivamente sus santamarías y mudarse, luego que recibieran mensajes informándoles que tenían que pagar una vacuna de 200 mil bolívares si no querían que les asesinaran a sus hijos; así no se puede vivir, en esos casos no importa lo tanto que uno ha trabajado por un sueño, ante una amenaza de esa magnitud lo mejor es irse".
A esto se suma el tema de la situación por la que atraviesa el país, "ya prácticamente no es rentable tener un comercio, si sacamos cuentas, observaremos que las ganancias están muy limitadas con el tema de los precios justos, que no se consigue mercancía, tenemos que pagar impuestos nacionales y municipales y para colmo nos exigen vacunas, que representan la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros seres queridos, entonces comprendemos cuando alguien decide dejarlo todo atrás".
Sin policías
Al consultar al Boada sobre las causas del problema, dijo que a su juicio la razón principal es la escasa presencia policial, que llevó a las cuatro bandas a adueñarse del municipio.
"Apenas hay unos 60 funcionarios de la policía estatal y un número similar de la Guardia Nacional para cubrir los cuatro municipios del sur del estado Aragua, lo que envalentonó a esas bandas".Además está el tema de la poca población en los cuatro municipios, "si tuviéramos más gente seguro nos prestarían atención, pero tal como estamos, con menos de cien mil habitantes en todo el sur de Aragua , no elegimos a tantos diputados, por eso parece que no importamos, nos ignoran".
